El auge por la bioarquitectura o la arquitectura ecológica no se debe sólo a la conciencia medioambiental o a cuestiones de imagen, sino que, además, puede generar un ahorro en el gasto publico. Se calcula que el ahorro de energía en estos edificios está entre el 30% y el 70% pero según un estudio de Lawrence Berkley National Laboratory de California, con la mejora del ambiente interior de los edificios, Estado Unidos podría ahorrarse entre 6.000 y 14.000 millones de dólares al año en enfermedades respiratorias, de 1.000 a 4.000 millones por la reducción de los efectos de las alergias y el asma; y entre 20.000 y 160.000 millones en mejora del rendimiento de los trabajadores que no están relacionadas con temas de salud.

El consejo de US Green Building Council ha estudiado el ahorro anual que supondria para el departamento de sanidad de su país la generación de los edificios ecológicos.

Entre 6.000 y 14.000 millones de dólares por reducción de enfermedades respiratorias.
Entre 1.000 y 4.000 millones de dólares por reducción de los efectos de alergias y asma.

Y entre 20.000 y 160.000 millones de dólares por la mejora del rendimiento de los trabajadores, no asociada a problemas de salud.

Otros estudios citados por el US Green Building Council aseguran que en las aulas con mucha luz natural los alumnos progresan un 20% más en matemáticas y un 26% más en tests de lectura que los que aprenden en aulas con demasiada luz artificial, y que las ventas en establecimientos comerciales son un 40% más altas si hay luz natural. Los beneficios de la arquitectura sostenible han llevado a que las America's General Services Administration (que controla todas las construcciones gubernamentales excepto las de las fuerzas armadas) exija que todos los nuevos proyectos cumplan los mínimos de la certificación Leed. Y en Nueva York, este estándar es obligatorio desde octubre 2006 para los edificios públicos no residenciales conun presupuesto mayor a 2 millones de dólares y para proyectos privados que cuenten con una financiación pública superior a los 10 millones de dólares, o cuando la mitad de sus coste lo soporte el erario público.